Los operadores que actualmente contribuyen a la financiación del servicio universal, expresan su preocupación por el previsible aumento del coste neto con la incorporación de la banda ancha y su oposición a asumir una mayor aportación.
En caso de incorporarse, abogan por que este se inicie con unas prestaciones básicas facilitadas, en cada caso, a través de la tecnología económicamente más eficiente, con una velocidad nominal de bajada de entre 512 Kbps y 1 Mbps y con límites de descargas para facilitar el uso eficiente de los sistemas radioeléctricos.
Sobre las cabinas públicas, la mayoría de los operadores coinciden en la conveniencia de eliminar el pago con monedas y a que no se incorpore el acceso de banda ancha desde las mismas.
Con respecto a las guías, la opinión mayoritaria es que se debe flexibilizar la obligación, principalmente en lo que respecta al reparto automático, sin mediar solicitud previa del usuario.
En cuanto a la división de la licitación por elementos y zonas geográficas existe división de opiniones.
Finalmente, expresan un posible interés en optar a la designación: Telefónica, en relación con todos los elementos y para todas las zonas; Vodafone, en relación con algunos elementos; Orange e Hispasat, en relación con el acceso a la red en algunas zonas y con el elemento de abono social; Euskaltel para los elementos relativos al acceso a la red y las cabinas en el ámbito del País Vasco; y, finalmente, 11888 Servicio de Consulta Telefónica y Yell Publicidad, en lo relativo al elemento de las guías.